Se cumple así la amenaza que estas compañías anticiparon cuando anunciaron un manifiesto a principios de año, indicando que denunciarían a la Administración del Gobierno si este no incorporaba de manera inminente medidas efectivas para proteger sus derechos. «Si después de esta reclamación ante el Consejo de Ministros no obtenemos respuesta, iniciaremos un procedimiento judicial a través de la jurisdicción económico-administrativa», han dicho. Entre los sellos del manifiesto estaban Blanco y Negro, Discmedi, Distribuciones Disclub, Fonogramas Metropol, Ok Records, Pias Records Spain, Popstock, Producciones Blau, Columna Música, Gorvijac Music, Kasba Music, K-Industria, Meta Network, Música Global, Open Records, Picap y Bcore Disc, aunque este último sello se desvinculó cuando se pidió penalizar al usuario. Los 375 millones son la demanda de 11 de esas 16 empresas, por lo que la cifra total podría ser más alta.
Los demandantes creen que el Gobierno ha dejado que se hunda un sector de pymes y recuerdan que como grupo social no cuentan con presiones tipo «cortar carreteras», aunque hayan visto reducido su volumen de negocio un 65% desde 2006. Estas compañías, que decían hace unos meses «que no viajaban en limusina» como la gente creía al pensar en abstracto en la industria, recuerdan que no hablan en nombre de la SGAE.