De manera más preocupante, las plataformas (no los proyectos) deberán disponer de un capital social igual o superior a 50.000 euros, o al menos disponer de un seguro de responsabilidad civil con una cobertura anual de 150.000 euros. Esta nueva ley limita las aportaciones de un mismo inversor a un proyecto a un máximo de 3.000 euros, o un máximo de 6.000 en varios a lo largo de un periodo de 12 meses. El incumplimiento de estas condiciones podrá llevar a multas que irán desde los 25.000 euros hasta los 200.000 y la prohibición de volver a la actividad durante 5 años.
Según los datos del año 2013, los proyectos de crowdfunding mueven cerca de 750 millones de euros anuales en Europa.