El comunicado de Santiago Auserón va más allá de este caso puntual y es interesante especialmente cuando pasa de lo concreto a lo general: «Entendemos perfectamente que las preferencias del equipo de gobierno de la ciudad, del agente local o del público segoviano puedan favorecer a otros compañeros antes que a nosotros y asumimos por completo las consecuencias del riesgo que comporta nuestra dedicación artística. Pero eso no justifica el incumplimiento unilateral, encubierto con falsedades, de un acuerdo claramente establecido, publicitado y sostenido por nuestra parte con las provisiones necesarias, con meses de antelación.
A nuestro juicio ha llegado el momento de poner freno a las malas prácticas generalizadas en el ámbito de la contratación pública de conciertos, que han encarecido los cachés de los artistas más mediáticos de manera irresponsable, agravado las deudas de los ayuntamientos, fomentado el oportunismo de las agencias artísticas en connivencia con los gestores y creado una barrera de mediocridad muy difícil de salvar para los proyectos más arriesgados y para las nuevas generaciones de músicos españoles».
La alcaldesa y concejala de cultura, Clara Luquero (PSOE), ha dicho que no había compromiso por escrito. «Era apetecible su actuación, pero no ha habido dinero para todos». Ha dicho que se ha descartado a este grupo y a otro como todos los años, tratando de equilibrar variedad musical y presupuestos. Auserón contesta después:
«La Ilustrísima Señora Alcaldesa argumenta ahora que en ningún momento se nos ha contratado, sino sólo tanteado. En la cadena de correos intercambiados, sus representantes pasan de decir que el concierto «está casi confirmado» y que «en cuanto se confirme nos mandarán los datos para formalizar el contrato», a enviar dichos datos (los datos personales de la Señora Alcaldesa) y a solicitar que enviemos el contrato formalizado para su firma, con fecha del pasado 21 de enero. Desde ese momento, nosotros nos ponemos a trabajar. Aunque ellos no devuelvan el contrato firmado, como es legalmente exigible, el acuerdo es fehaciente. No lo devuelven porque se reservan el derecho de especular con la programación hasta el último momento. Pero eso no es digno ni legal y deja margen para mucha incertidumbre. Desgraciadamente es una práctica que se ha impuesto en la contratación pública de conciertos. Aun a riesgo de parecer molestos e intrigantes y poner nuestro proyecto artístico en entredicho, creemos que ya es hora de hacer frente a este tipo de comportamientos, que están contribuyendo muy seriamente a la destrucción del circuito musical español. Perdonad las molestias y gracias por vuestra atención».