El mes pasado recibieron la mala noticia de que, a partir de ahora, tendrían que asumir el cobro de los medicamentos a causa del impago que la Comunidad de Madrid ha ido acumulando desde enero del año pasado.
En 1981, año de la tragedia, y una vez constatada la intoxicación, el Ministerio de Sanidad estableció el derecho de los damnificados a la gratitud de toda la prestación farmacéutica.
Una medida que, desde hace dos años, depende de las autonomías.
En este caso, el gobierno regional madrileño es el único que ha descuidado su responsabilidad de financiación para con las víctimas.
