El Ministerio de Cultura ha dado luz verde al inicio de actividades de SEDA (Sociedad Española de Derechos de Autor), una entidad de gestión colectiva de derechos de autor que desafía el monopolio de la SGAE (Sociedad General de Autores y Editores). En su web, SEDA se define como “una organización de naturaleza asociativa y sin ánimo de lucro constituida por un grupo de autores y editores el 5 de noviembre de 2019 como alternativa a otras entidades de gestión. El objetivo social de SEDA es la gestión de derechos o categorías de derechos de propiedad intelectual sobre obras musicales confiados a la entidad por sus compositores, autores de las partes literarias, editores y derecho-habientes, así como la protección de los derechos morales de los socios y la promoción cultural de sus obras, la difusión del repertorio y la prestación de servicios de carácter asistencial en beneficio de sus socios”.
En su web se puede consultar su información, así como su organigrama, con Patacho Recio en la presidencia y Amaro Ferreiro en la vicepresidencia. Entre los socios fundadores encontramos nombres tan conocidos como Kiko Veneno, Luis Carlos Esteban o Rosa León. En una entrevista con El Diario de esta semana, Patacho Recio indicaba que su «intención es demostrar que se puede llevar una gestión profesional y transparente donde nadie, absolutamente nadie, va a cobrar ni un euro más ni un euro menos de lo que le corresponda». Además, se mostraba muy crítico con las cuentas de la SGAE, sus pérdidas, su ausencia de ERTE’s y escándalos como el de «la rueda».
La respuesta de la SGAE no se ha hecho esperar e informa mediante un comunicado de prensa de que el Consejo de Dirección de la Sociedad General de Autores y Editores ha decidido interponer recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Ministerio de Cultura y Deporte. Dice el comunicado que lamentan «tener que haber tomado esta medida después de haber recuperado el diálogo y las buenas relaciones con el Ministerio de Cultura y Deporte, pero nos vemos obligados a tomar esta decisión en defensa de nuestros socios, de la propiedad intelectual en el sector de la música y del conjunto de la Cultura de este país».
En la SGAE están preocupados «por las graves consecuencias que puede tener para el patrimonio cultural español y para el mercado europeo de las entidades de gestión y creemos que lejos de favorecer los intereses generales de la propiedad intelectual en la música, supondría un elevado riesgo para los titulares de derechos de autor y una gran inseguridad jurídica para los usuarios».
Critican abiertamente una entidad “que carece de plan de viabilidad, que no dispone de los medios materiales para desarrollar su función, que no cuenta con el conocimiento propio de la gestión de la propiedad intelectual y que cede gran parte de la administración de sus derechos a entidades extranjeras», pues según ellos «pone en riesgo el sector cultural español». Concluyen: «no entendemos cómo es posible que el ministerio haya podido conceder esta licencia de entidad de gestión en el ámbito musical cuando un informe técnico objetivo y fundamentado, elaborado por la Subdirección General de la Propiedad Intelectual, máximo órgano competente, rechazaba precisamente esta posibilidad».