Pussy Riot denunciarán al gobierno ruso con motivo de su encarcelamiento en 2012, informa The Guardian. Nadya Tolokonnikova y Masha Alyokhina exigen 120.000 euros de indemnización y 10.000 euros en tasas judiciales.

Nadya y Masha, liberadas a finales del año pasado tras la aprobación de una amnistía por Vladimir Putin, alegan haber sufrido torturas durante su estancia en prisión y defienden que el gobierno ruso violó a lo largo de la misma cuatro artículos de la Convención Europea de Derechos Humanos como son libertad de expresión, independencia, seguridad y un juicio justo. Si ganan transferirán el dinero de la indemnización a Zona Prava, su proyecto en defensa de los derechos de los prisioneros.

Pussy Riot desean que este caso sirva de precedente para que la ciudadanía rusa pueda sentirse en el futuro segura al hablar públicamente de temas políticos importantes sin temer ser castigados por el gobierno. Pavel Chikov, presidente de la asociación en favor de los derechos humanos AGORA, ha dicho que «este caso defiende ante todo la libertad de expresión y el derecho a un juicio justo».