La polémica Ley de Economía Sostenible (también conocida como «Ley Sinde») llega hoy al Congreso de los Diputados, donde se votará hoy a última hora tras varios retrasos. La ley principal recoge una muy traída y llevada disposición que permitirá a una Comisión (aunque parece que finalmente serán los tribunales los encargados de hacer esto) cerrar webs lucrativas de descarga de contenidos. O eso parece porque, ¿significa eso que cualquier web con un enlace de descarga puede ser cerrada? ¿Se permitirá que las webs puedan hacer alegaciones? Un comentario en un artículo con un enlace de descarga, ¿se considera una infracción? Son muchas las dudas que nos asaltan con la Ley Sinde, pero la más importante es: ¿Ley Sinde sí o Ley Sinde no?
Ley Sinde sí: está claro que el momento actual es insostenible. Mientras que hay personas que crean contenido, hay otras que se lucran con el mismo. Son muy bonitas las palabras «cultura libre» o «cultura no es igual a propiedad intelectual», pero lo cierto es que es normal que los creadores quieran y deseen vivir de sus respectivos trabajos, porque de lo contrario utilizarían licencias Creative Commons. En el mundo de la industria musical, por ejemplo, se hace complicado ver cómo hay grupos que no vienen a España porque no venden suficientes discos, a pesar de que son ampliamente conocidos por un público que se ha descargado sus discos sin pagar un duro.
En general, el debate respecto a este tema se centra en que la gente no quiere pagar por un formato electrónico, y que el físico está muerto. Obviamente, una vez acostumbrado a no pagar nada, es obviamente mucho más caro pagar lo que cueste comprar el disco en MP3 que descargárselo gratis. Exactamente lo mismo pasa con el cine o con las series de televisión: el equipo detrás tiene que cobrar de alguna manera, y desde luego eso no es permitiendo que las series puedan verse a través de Internet sin que ellos vean ingresos (y menos cuando el autor de la página se lucra gracias a la publicidad).
Muchos dirán que los discos están muy caros, o que el cine es para ricos. Pagamos copas a más de 8€, y en general nunca nos quejamos. Y basta darse una vuelta por la FNAC o por Amazon para ver muchas novedades por un precio menor que el de una copa. Una suscripción a Spotify cuesta entre 5 y 10€ al mes, una cantidad ínfima. No obstante, el mejor servicio de streaming que conocemos hasta la fecha cuenta con tan pocos usuarios premium, que las cifras ni se hacen públicas (se supone que deben llegar al 5 ó 10% de cuentas premium para garantizar la rentabilidad del servicio, y en España dudamos mucho que se consiga).
Ley Sinde no: en un mundo cada vez más tecnificado, sorprende cómo la industria va siempre por detrás de los usuarios. Y lo peor no es que vaya detrás, es que es un verdadero despropósito a años luz. Todavía no se ha planteado ni un Spotify de vídeo, con lo muchísimo que eso podría interesarnos a los que odiamos tener que buscar enlaces de descargas de las series que vemos. Y hace bien poco, Juan José Millás se quejaba amargamente por la página de descarga y compra de libros electrónicos avalada por el Ministerio. Lo mismo pasa con la de películas.
Por otro lado, en un mundo cada vez más globalizado, esta ley supondrá el veto a que cientos de personas conozcan determinadas obras. En España, donde los riesgos que se toman son más bien pocos y donde al usuario y al contribuyente se le toma el pelo sistemáticamente (mirad si no la TDT), es improbable que las compañías de distribución se interesen por determinados grupos o que los canales de televisión decidan estrenar determinadas series, que nunca verán la luz en nuestro país. Y lo que es peor, que si alguna vez la ven, probablemente serán maltratadas por la cadena televisiva de turno hasta la náusea (como pasó con TVE y ‘Lost’, por ejemplo). ¿De verdad alguna cadena cree ya que se puede esperar meses y años para doblar una serie? No. Claro que ahora hay cadenas que intentan cambiar el hábito del consumidor quien, harto de tropelías, ha dejado de confiar en que una emisora sea capaz de mantener una serie, tan habituados como están a cancelarlas y cambiar de horarios cuando no cumplen sus expectativas.
¿Cuál es la solución entonces? Es difícil decirlo, y probablemente sean muchos los pasos que hay que tomar. Lo que está claro es que en el país con la ADSL más cara de Europa y con el peor servicio, la solución no pasa por limitar al usuario y mucho menos por perseguirle. No digamos ya por cobrar un canon a su conexión si sobrepasa un cierto límite, y muchísimo menos por intervenir su conexión (una comunicación privada) para observar si está o no descargándose material protegido por los derechos de autor. La solución sí pasa, indefectiblemente, por encargar esto a alguna persona que tenga conocimiento real del tema, que entienda qué supone Internet y el cambio de paradigma de la industria. Y que ponga en pie una plataforma de venta de contenidos a la altura, que no se afane en hacer estos horrores, que hacen daño a la vista. Hasta donde sabemos, los ’90 no han vuelto (ni deberían volver) al diseño web.