En los últimos días de la legislatura (hay elecciones el 6 de mayo), Reino Unido ha aprobado un proyecto de ley que incluye la posibilidad de desconectar de la red a los piratas y de que los tribunales puedan cerrar portales infractores. Los proveedores de servicios de internet estarán obligados a enviar cartas de advertencia a sus clientes que estén involucrados en actividades de piratería y podrán desconectarlos de la red. Además, los propietarios de derechos intelectuales podrán pedir una orden judicial para acceder a los nombres y direcciones de los infractores reincidentes y tomar medidas contra ellos.

Una enmienda introducida a última hora permitirá, eso sí, que el cierre de webs se produzca mediante una orden judicial. Las críticas han llovido desde todos los partidos para el Gobierno, por no haber sometido esta decisión a una adecuada deliberación. Unas 20.000 personas se han puesto en contacto con los diputados para quejarse del contenido de la polémica ley y Google ha sido también muy crítico con ella, mientras el ministro de Cultura, Ben Bradshaw, ha defendido la legislación por «impulsar las industrias creativas del Reino Unido».