Este fin de semana se ha cancelado por ruido la segunda jornada de un festival que lleva celebrándose 10 años en Valencia. Peor aún, la primera jornada de Festival de les Arts estuvo cargada de polémica: por un lado, se incumplieron los límites de ruido según la policía municipal. Se registraron 96 decibelios en el Escenario 1, los 91 en el 2 y los 88 en el 3, cuando lo permitido son 85. Y por otro y al mismo tiempo, el público se quejó de que no podía escuchar los conciertos de gente como Leire Martínez o La La Love You. Siloé se ha viralizado en redes portando carteles en los que criticaba la absoluta falta de respeto que las condiciones acústicas significaban para las personas que llevan meses trabajando en el festival, para los artistas y sobre todo para el público.
Hay quien apunta sus críticas hacia la organización, por no haber cancelado el festival tras una sentencia judicial contra el ruido que ganaron los vecinos. Desde Festival de Les Arts aseguran que el ayuntamiento ni les recibe ni les cogió el teléfono para encontrar una solución o un recinto alternativo. Al margen de las condiciones concretas de este evento, urge una conversación seria sobre regulación acústica y conciertos, como la que ha tenido lugar estos días durante las actividades de Primavera Pro.
En la charla titulada «Regulación acústica y música en vivo» Lluís Torrents ha sido muy beligerante al respecto. Y es que la posible destrucción de miles de empleos o de un sector que aporta tal cantidad de millones a la economía española ni siquiera fue el centro del debate. En otra charla de hecho se había cifrado en 200 millones de euros lo que el tour de Bad Bunny va a dejar en España entre hoteles, hostelería y demás: el 40% de los asistentes a la residencia de Madrid está asistiendo desde fuera de la Comunidad.
Pero es que no solo se habló de euros o empleo, sino de derecho a la cultura. El co-director de Razzmatazz y presidente de ASACC (Associació de Sales de Concerts de Catalunya) recordaba que no solo existe el derecho al descanso vecinal, sino que la Constitución también reconoce en su artículo 20.2 «el derecho a la producción y creación artística». Además, el artículo 44 de esta carta magna recuerda que «los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho». Justo lo que el Ayuntamiento de Valencia no ha hecho este fin de semana, al dejar caer al Festival de Les Arts, sin ofrecer alternativa.
La abogada especializada en Derecho de la Cultura y Propiedad Intelectual Belén Álvarez explicó que a la hora de ponderar derechos entre unos intereses y otros, los artículos recogidos en la Constitución entre los números 15 y 29 suelen tener «una protección especial». Ahí es donde pueden entrar en conflicto afirmaciones como «que el domicilio es inviolable» (artículo 18) con «el derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica» (artículo 20.2). Por otro lado, se recordó que en la Declaración de Cáceres, 27 miembros de la UE a través de sus respectivos ministerios de cultura, firmaron que “la cultura sea de ahora en adelante considerada un bien público esencial y un bien público mundial al más alto nivel político”. ¿Para qué hacer este tipo de encuentros y reconocimientos internacionales si después no se construyen recintos apropiados en las comunidades, o no se conceden las licencias oportunas?
Es curioso que en los medios no se hable tanto del derecho a la cultura como de otros. Incluso en webs dedicadas a la cultura como esta, los comentaristas suelen defender a los vecinos, no a los artistas ni a los trabajadores del sector. Parece que los vecinos están ganando el relato y la cultura, como siempre, es lo último de la fila. Por el contrario, desde esta mesa se defendió la cultura como «un bien de primera necesidad». Frente a los vecinos que hablan de su derecho al descanso, Torrents recordó que «socializar, bailar, escuchar música también es fundamental para la salud». Y se puso sobre la mesa un debate tan poco manido como el de la representatividad, planteando la siguiente pregunta: ¿se puede cancelar un festival al que asisten 70.000 personas por el interés de 15 vecinos?
El representante de ASACC bromeó sobre los vecinos que piden entradas gratis para eventos en tela de juicio, contó que algunos no tienen problema en aprovechar para hacer un viaje cuando su barrio está saturado de fiestas, y sobre todo recordó que muchas veces las denuncias de ruidos no vienen de Asociaciones de Vecinos, sino de Plataformas cuyos miembros se desconocen. Sería el caso, según su relato, de la Plataforma Stop Concerts, que ha convocado manifestaciones en el Fórum durante Primavera Sound, en las que no se ha visto a más de «15 o 20 personas». Por allí se han oído lemas tan dudosos como «la música mata». No se dijo a micro abierto, pero al término de la charla hay quien contó que hay vecinos que suelen irse a una segunda residencia durante la celebración de un festival, y a la vez han buscado indemnizaciones por exceso de ruido, cuando no estaban ni en casa.
Anécdotas aparte, en la charla se ahondó en un problema que las administraciones arrastran por una normativa «coja» y obsoleta que procede de 2003, hace 23 años. «Los vecinos han encontrado un filón en una norma poco desarrollada», se afirmó. Edgar Garcia del Institut Català de les Empreses Culturals reconoció que la celebración de elecciones puede impedir que se realice una norma que primero hay que esbozar, que luego hay que debatir con otros grupos, etcétera. En la legislatura anterior se quedó cerca, y de repente hubo un cambio de gobierno. Ahora se está ultimando una nueva que afectará a Barcelona, pero quién sabe si dará tiempo antes de las próximas elecciones.
Es absolutamente delirante que la ASACC haya demostrado que la primera propuesta de decreto que se hizo se podía llevar por delante fiestas populares como las Fiestas de Gràcia, las de Sants o el Mercat de Música Viva de Vic. La Administración se estaba autoprohibiendo sus propias fiestas mayores. Eso en Cataluña, uno de los lugares donde más se está avanzando como mínimo con el debate.
Una participante del público de Primavera Pro, que organiza un pequeño evento con actuaciones en un barrio de Barcelona manifestó su desesperación y frustración por gastarse más presupuesto «en limitadores acústicos que en contratación de artistas», frente a la vaguedad de las instituciones. Ni un acuerdo claro ha podido hacerse sobre si se debían organizar eventos en tan solo un 3% de días al año como máximo en un mismo lugar. Es decir, levantar la norma de incumplir horarios o número de decibelios en el mismo sitio, durante sólo 11 días al año. Algo que ni siquiera era suficiente para promotores. En algún momento se habló de limitar los conciertos en el Bernabéu a 20 al año, pero tampoco se concretó ni servía: fijar un porcentaje como este o similar dejaba fuera a los festivales de ciclo que se celebran a lo largo de 2 meses en el mismo recinto. ¿Alguna administración autonómica o nacional abordará esta problemática en serio o se seguirá dando bandazos en función de cómo sople el viento?
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